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Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Madrid

“Comprometidos con los trabajadores de Seguridad Privada de Madrid ”

Análisis de la nueva Ley de Seguridad Privada publicada en el B.O.E. N-3 de fecha 5/4/2014 y actualmente en vigor

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El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 236411994 y el resto de la normativa de desarrollo de la ley 23/1992, de 30 de Julio mantendrán su vigencia en lo que no contravenga a esta ley hasta la próxima elaboración y publicación del nuevo Reglamento de Seguridad Privada, el cual desarrollará la Ley recientemente aprobada.
Relacionaremos a continuación las novedades más importantes:

Artículo 6.2. Actividades Compatibles
Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación:
Ø Las de información o de control en los accesos a instalaciones
Ø Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos
Ø El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior
Ø Las de comprobación y control del estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general.
Ø Estos servicios y funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con carácter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que en ningún caso constituyan el objeto principal del servicio que se preste.

El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal.

En la ley anterior, ya derogada, estas cuestiones venían reflejadas en la disposición adicional primera corno actividades excluidas en la propia ley, ahora en la redacción actual se da un giro total y preocupante a este planteamiento.

A mi juicio en este artículo se dirime algo que tiene una dimensión trascendental en el futuro de la profesión.

En el esperado reglamento esto se tendría que acotar de forma absolutamente escrupulosa puesto que de no hacerse así, a la sombra de esta disposición se generaría un mercado fraudulento en la contratación de servicios, que se realizarían con personal no habilitado.

Por otro lado la nueva ley también reconoce a las CCAA la competencia en cuanto, a la Coordinación de los servicios de Seguridad Privada con los de la Policía Autonómica o Foral en su caso y con las policías locales en algunos casos.

Artículo 26. Profesionales de Seguridad Privada.
"Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados."

Según lo establecido en el párrafo anterior y consignado en el punto 12 del mencionado artículo, podemos observar que la figura de Escolta Privado deja de ser especialidad de Vigilante de Seguridad, no existiendo el requisito de que para ser Escolta Privado previamente se debería de haber obtenido la habilitación de Vigilante de Seguridad, en cambio para la figura del Vigilante de Explosivos se sigue manteniendo esta premisa y sigue siendo una y única especialidad del Vigilante de Seguridad.

En el desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada se deberá abordar esta cuestión y plasmar cómo será el acceso y encuadramiento de esta figura del Escolta Privado, que dada la realidad social actual cada vez está más mermada en cuanto a volumen de trabajo se refiere.

Se modifica también en este artículo el nombre de los Guarda Particulares del campo, pasándose a denominar Guardas Rurales.
Siéndole atribuidas las mismas funciones genéricas que al Vigilante de Seguridad, entre la que se encuentra la verificación y respuesta personal a las señales de alarma que se produzcan.

En consonancia con lo establecido para esta figura en la Ley ya desgranada, sigue existiendo la preceptiva negación de prestación de los servicios que establece el artículo 32.le) de la presente Ley 5/2014: "Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios".

En lo relativo a los Escoltas Privados, se amplia de protección a personas determinadas a grupos concretos de personas, en el posterior reglamento se dirimirá que grupos de personas son estos.

En lo concerniente a los Directores de Seguridad, la nueva norma que estos, deberán estar integrados en las plantillas de las empresas donde presten sus servicios.

Otra novedad que llama la atención es que en la nueva normativa, dentro de las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad era la misma.

En este orden de cosas, sería bueno que se estableciera legalmente la obligatoriedad a las empresas de dotar a su personal de medios de protección personal más óptimos teniendo en cuenta el lugar donde desarrollen sus servicios y la peligrosidad que los mismos entrañen, todo ello previa autorización de la autoridad competente.
Estos medios de defensa extraordinarios pueden ser desde unos guantes anti-corte a un chaleco anti-balas así como otros elementos que nos puedan proteger en el desarrollo diario de nuestra actividad profesional.

En cuanto a las prendas de vestir, la uniformidad, a mi juicio también queda desfasada y propia de otros tiempos, aunque en determinados servicios ya se pueden ver prendas tipo "polo" más modernas y funcionales acordes con las necesidades actuales.

Creo que en el desarrollo del Reglamento se debería de establecer como norma de obligado cumplimiento la diferenciación de tallajes entre hombres y mujeres debiendo estar diferenciadas las prendas reglamentarias de unos respecto de las otras a tenor de la simple diferenciación natural y antropométrica de ambos.

Cuestión esta, que aquí dejo patente a petición de nuestras compañeras, que naturalmente ven como absolutamente discriminatorio que no exista una talla y confección específica para las mujeres que forman parte de este sector.

Como principal apunte y muy importante a mi juicio, es la eliminación del periodo de inactividad de 2 años del personal de seguridad privada establecido en la anterior Ley y que a resultas del cual, el profesional de seguridad privada perdía la habilitación profesional si no había ejercido la profesión en los dos últimos años, esta cuestión a todas luces irracional y discriminatoria con el resto de profesiones queda solucionado en esta nueva norma, pasando a ser perpetua la vigencia de la habilitación.
Como colofón a lo expuesto en los párrafos precedentes, sería bueno sugerir a la vista del próximo reglamento el cambio o sustitución de los elementos de defensa de los profesionales del sector así también tener en cuenta la morfología y componentes de la uniformidad para que exista una consonancia entre los mismos, y la realidad social que vivimos.

Artículo 27. Habilitación Profesional.
Como principal apunte y muy importante a mi juicio, es la eliminación del periodo de inactividad de 2 años del personal de seguridad privada establecido en la anterior Ley y que a resultas del cual, el profesional de seguridad privada perdía la habilitación profesional si no había ejercido la profesión en los dos últimos años, esta cuestión a todas luces irracional y discriminatoria con el resto de profesiones queda solucionado en esta nueva norma, pasando a ser perpetua la vigencia de la habilitación.

En el punto 59 de este artículo se dispone:
Otra novedad importante nos la encontramos en el apartado e):
"Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos"
En la Ley anterior 23/1992 para ejercer la función de Vigilante de Seguridad se debía de carecer de antecedentes penales en la extensión más amplia de la palabra, y ahora con la aprobación de esta normativa, específica que los antecedentes sean sólo por delitos dolosos, o sea con la voluntad deliberada de llevar a cabo una acción típica, antijurídica y castigada por la ley.

Artículo 31. Protección Jurídica de Agente de la Autoridad.
"Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Se nos otorga una protección Jurídica análoga a los agentes de la autoridad al personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que podamos ser objeto cuando desarrollemos nuestra actividad en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el Reglamento se debería desarrollar más esta redacción y dar cabida a mas supuestos de actuación para intentar que la protección jurídica que de este artículo emana, llegue a más profesionales del sector que sin duda corre un grave riesgo en la prestación de sus servicios por la tipología y peligrosidad que entrañan los mismos.
La protecciob jurídica de los profesionales que integramos este sector tendría que ser siempre y en todo momento, no solamente cuando estemos actuando en cooperación o bajo el mando de las FFCC de Seguridad del Estado.

Con esta pequeña modificación, ficticia bajo mi punto de vista, puesto que creo que estamos igual que antes, habrá gente que pueda crearse una confusión y tal vez llegue a proceder de manera inadecuada ante una determinada actuación profesional.

En el Reglamento se debería desarrollar más esta redacción y dar cabida a mas supuestos de actuación para intentar que la protección jurídica que de este artículo emana, llegue a más profesionales del sector que sin duda corre un grave riesgo en la prestación de sus servicios por la tipología y peligrosidad que entrañan los mismos.
Artículo 40. Servicios con armas de fuego.
Corno novedad a lo establecido en la Ley ya derogada podemos destacar los siguientes centros o servicios donde se prestaran los mismos utilizando las armas de fuego reglamentarias.
Ø La vigilancia de acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación en todo caso con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Ø La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados. Punto 3 del presente artículo.
Ø Servicios en el exterior, cuando así se decida por el órgano competente y cumpliendo órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Ø La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.
Ø La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.
Ø La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.
Ø La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial, estos servicios podrán realizarse por guardas rurales.
Toda esta ampliación de funciones que nos otorga el presente artículo 41 y dada la relevancia de las funciones que se pretenden llevar a cabo con los profesionales de la Seguridad Privada, se tendrá que fundamentar de una forma clara las condiciones y requisitos legales y solicitar la pertinente autorización administrativa para la prestación de esta tipología de servicios, los cuales venían prestando hasta la actualidad los miembros de las FFCC de Seguridad del Estado.
Artículo 42. Servicios de Video vigilancia.
"Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas".

Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.

Como cuestión importantísima y a tener en cuenta diremos que no tendrán la consideración de servicio de videovigilancia la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje.

Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada, en este apartado se incluyen las cámaras vía IP
La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización o, en su caso, sin haber presentado la declaración responsable prevista en el artículo 18.1 y 2 para la prestación de los servicios de que se trate.

ALGUNAS INFRACCIONES Y SANCIONES A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD RELACIONADA CON LOS CONTRATOS DE PRESTACIQN DE SERVICIOS EL PERSONAL Y SU FUNCIONAMIENTO

Calificación de MUY GRAVE:
a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización o, en su caso, sin haber presentado la declaración responsable prevista en el artículo 18.1 y 2 para la prestación de los servicios de que se trate.
b) La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente.
e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los contratos de seguridad privada, en los libros-registro o el acceso a los informes de investigación privada.
p) La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes contratos.
j) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones y sucursales.
Sanción: 30.001 a 600.000 C.

Calificación de GRAVE:
)La prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar correctamente los correspondientes contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.
La prestación de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato.
La prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos.
La falta de adopción o instalación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias

EN CUANTO A LOS USUARIOS:
Infracciones muy graves:
a) La contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada.
f) La falta de adopción o instalación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias
k) Obligar a personal habilitado contratado a realizar otras funciones distintas a aquellas para las que fue contratado.
Sanción de 20.001 a 100.000 €

Artículo 60. Colaboración Reglamentaría.
(La redacción de este artículo deja abierta la posibilidad de establecer una graduación más correcta y especifica dada la tipología natural de cada caso particular.)
"Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o Sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ella se contemplan, contribuyan a la ,más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes".

Artículo 64. Graduación de las sanciones.
"Para la graduación de las sanciones, los órganos competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad de la empresa de seguridad, despacho de detectives, centro de formación o establecimiento contra el que se dicte la resolución sancionadora, y la capacidad económica del infractor".

DISPOSICIONES ADICCIONALES
En el caso de las empresas de seguridad que, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran autorizadas e inscritas para la actividad de planificación y asesoramiento y, además,
para cualquier otra contemplada en el artículo 5.1, se cancelará de oficio su inscripción y autorización en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro autonómico correspondiente únicamente respecto a dicha actividad de planificación y asesoramiento"

En el punto 4º de la presente disposición transitoria se otorga el plazo de un año para adecuar los respectivos importes de seguros, avales, garantías etc... Para las actividades que continúen inscritas estas mercantiles.

DISPOSICIONES FINALES.

Disposición final tercera Desarrollo normativo En esta parte final dela Ley 5/20?14 se faculta al Gobierno para dictar y acometer el desarrollo reglamentario que debe de emanar de la presente Ley. "El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley".

FTSP-USO Madrid

©  Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Madrid